solidaridad2010

El país invierte en políticas sociales el 41,1% de su PIB. Ocupa el puesto 20 en la UE de los 27

DANIEL AYLLÓN MADRID 10/09/2010

España sigue empotrada en el vagón de cola de la Unión Europea (UE) en gasto social. La inversión del 41,1% del Producto Interior Bruto (PIB) en educación, sanidad, protección social y servicios públicos, entre otros, relegó al país en 2008 al puesto 20 de la Europa de los 27. La media europea fue del 46,8%, según el XIV anuario de la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, que se presentó ayer.

Los ratios más altos los aportan los gobiernos de Suecia (53%), Francia (52,7%), Dinamarca (51,8%) y Bélgica (50%). Por detrás de España sólo quedan seis países del Este (Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letononia y Lituania) y Luxemburgo, con tasas de entre el 39,9% y el 34,8%.

La inversión nacional en educación pública es la sexta más baja. Por sectores, el que recibe más dinero en la UE es el de protección social (ayudas a la tercera edad, la familia, la vivienda, la discapacidad o el desempleo, entre otras). La media española (13,9%) está varios puntos por debajo de la tasa media comunitaria (18,2%) y de las principales potencias continentales: Francia (21,8%), Alemania (19,7%), Italia (18,8%) y Reino Unido (15,9%). Esta falta de inversión viene de lejos. En 2001, España ocupaba el puesto 16 de 26 (aquel año Bulgaria no facilitó el indicador) en el ranking de inversión en protección social. En 2008, apenas adelantó a un país y cerró el ejercicio decimoctavo, de 27 países.

Algunos indicadores, como el de la sanidad pública, pueden llevar a engaño. A pesar de que el Gobierno invierte sólo el 6,1% del PIB en este área la media es del 6,9%, España figura desde hace años entre los primeros puestos de calidad del servicio público sanitario. Es decir, que el servicio es más eficaz, a pesar de contar con menos fondos.

A LA COLA EN EDUCACIÓN

En educación, España, con un 4,6%, sigue obteniendo su peor resultado: sólo hay cinco países con una inversión más baja. La media de los 27 es del 5,2%. En 2001, la partida destinada a educación en España era del 4,23% y también ocupaba el sexto puesto por la cola.

En los dos últimos años, el presupuesto ha aumentado hasta el 5,1% de 2010, pero los estudios de la UE aún no recogen este aumento en sus estadísticas. A pesar de ello, España continúa ocupando los últimos puestos de la OCDE en concesión de becas y las asociaciones vinculadas a la educación reclaman alcanzar el 7% del PIB. Esta tasa es la que tuvo en 2008 Dinamarca, el segundo país europeo que más invierte en educación, sólo superado por Chipre (7,8%). El gobierno sueco dedica el 53% de su PIB a políticas sociales

En el apartado de servicios públicos generales, España ocupa el decimoséptimo puesto, con una partida del 4,7% del PIB, frente a la media del 6,3% del resto de países.                           Por otra parte, el informe anual de Eurostat destaca otro ranking sobre el porcentaje de europeos de entre 25 y 64 años implicado en formación continua. Desde que la UE realizó un estudio similar, en 2003, hasta 2009, la población europea estudiante adulta ha pasado del 8,5% al 9,3%.

CRECE LA FORMACIÓN CONTINUA

Llama la atención la diferencia que hay entre sexos: el 10,2% de las europeas está involucrada en procesos formativos (9,1%, en 2003), frente al 8,5% de los hombres (7,9%, hace siete años). En este estudio, España se sitúa por encima de la media europea. Además, su progresión ha sido de las más destacadas, al pasar de una tasa del 4,7% al 10,4%. No obstante, queda todavía lejos de Dinamarca (31,6%), Suecia (22,2%), Finlandia (22,1%) y Reino Unido (20,1%).

24 Marzo 2011              José Antonio Pérez – ATTAC Madrid

La cada vez más insostenible precariedad laboral lleva aparejado otro grave problema: los desempleados que agotan el subsidio por desempleo, así como los jóvenes mayores de 26 años que no han trabajado nunca, pierden el derecho a la asistencia sanitaria en el sistema público de salud.

Vivimos, españolas y españoles, confiados en la creencia de que el Sistema Público de Salud, mejor dicho, los 17 Sistemas Públicos de Salud —puesto que se trata de una competencia transferida a las administraciones autonómicas— nos cubre en cualquier circunstancia. Es una premisa falsa: no todas las personas están amparadas por el sistema. Ese celebrado derecho universal a la atención sanitaria tiene un agujero en su cobertura que podría afectar a entre 90.000 y 180.000 personas, según el Ministerio de Sanidad. Cifra que aumenta día a día a medida que crece la precariedad laboral, y que en estos momentos podría rondar las 300.000 personas situadas fuera del paraguas de la sanidad pública.

La clave de esta falta de cobertura reside en que la asistencia por parte del sistema público de salud se realiza a través de la Tarjeta de Asistencia Sanitaria, y ésta no se facilita a desempleados sin subsidio con alguna renta ni a quien no ha cotizado nunca y tiene algún tipo de ingreso, por mínimo que éste sea. De esta forma, cuatro grandes colectivos sociales quedan sanitariamente desprotegidos:

a) parados que han dejado de percibir el subsidio de desempleo y que tienen algún tipo de renta.

b) españoles que han vivido en países del extranjero sin convenio sanitario con España y que tienen recursos económicos.

 c) personas que nunca han trabajado y disponen de alguna renta.                                                        

d) ejercientes de profesiones liberales incluidos en colegios profesionales que no están integrados en el régimen especial de autónomos.

En España, los trabajadores que cotizan, los pensionistas y las personas que reciben algún tipo de subsidio por desempleo, así como los beneficiarios —cónyuges o hijos— de todos ellos tienen derecho a la atención sanitaria pública. También lo tienen los menores y las personas sin medios económicos.

El problema afecta especialmente al creciente número de personas desempleadas que agotan el derecho a percibir un subsidio por desempleo, y a los jóvenes que no han trabajado nunca. Hasta los 26 años pueden permanecer como beneficiarios en las cartillas de asistencia sanitaria de alguno de sus progenitores, si es que estos todavía tienen empleo. A partir de esa edad pierden la protección sanitaria.

Una gran parte de la población no es consciente de este agujero en la cobertura sanitaria, sin embargo, cada vez aumenta el número de las personas que pueden llevarse una desagradable sorpresa al recibir una factura de importe considerable por los servicios sanitarios recibidos. Porque, por el momento, a nadie que llegue a un hospital con un problema se le niega la asistencia. El paciente es atendido normalmente, lo que se le deniega es la gratuidad de esa asistencia si pertenece a alguno de los grupos antes mencionados.

Hasta ahora, en la práctica, no se ha sido muy estricto y en la mayoría de los casos se ha venido atendiendo igual y sin coste a las personas que no tienen la cobertura sanitaria pública. Pero tras los sucesivos recortes presupuestarios, las Administraciones autonómicas, especialmente aquellas que plantean aplicar el copago, caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid, podrían empezar a cobrar los servicios sanitarios a las personas excluidas de la cobertura.

Existe, no obstante, una última red a la que asirse para evitar esa desprotección sanitaria: solicitar la asistencia en calidad de pobre de solemnidad. Esto es, desprovisto de recursos. Para ello deberá demostrar que su renta patrimonial no supera el doble del Indicador Público de Rentas Múltiples, unos 1.000 euros mensuales. Pero esto implica una serie de trámites engorrosos, humillantes y arbitrarios. Pues los criterios para juzgar a través de una prueba de recursos (means test) quedan al arbitrio del funcionario de turno de la correspondiente Administración autónoma.